¿El agarrón entre MVS y el gobierno federal de la semana pasada se va a quedar como si nada? Joaquín Vargas acusó y calificó de mentirosos a Alejandra Sota, vocera de Los Pinos, y a su ahora examigo e inminente senador del PAN, Javier Lozano. La directora de comunicación social echó el peso del gobierno, o del Estado, para desdecir y acusar a Vargas, y Lozano en entrevista banquetera y de la mano de su inseparable twitter se quejó amargamente de su ahora examigo.
Todo esto puede ser menor si lo circunscribimos a un tema personal, pero como no lo es, están obligados a explicarnos qué quieren decir con las escandalosas acusaciones mutuas y quizá acudir a una tercera instancia que medie y nos explique quién tiene la razón, y lo más importante, qué está pasando y porqué. Acusar al gobierno de mentiroso y de que presione para “retirarle” a MVS la banda del 2.5 GHz es un asunto de enorme importancia porque en el fondo estarían los intereses de un grupúsculo que gobierna y que mañana se va, el cual hoy actúa, bajo el supuesto de que las acusaciones sean válidas, como una camarilla que usa el poder.
No podemos seguir como si no hubiera pasado nada porque sí pasó. Por un lado está el tema estrictamente legal ante el cual los Vargas están presentando pruebas y amparos, por el otro están una serie de acusaciones que ponen en entredicho al gobierno debido al uso que hace de su poderosa relación con los medios para presionar e incluso dar el visto bueno sobre una carta-disculpa que querían que leyera la conductora.
Con eso que somos el país que en ciertos temas nos aparece el síndrome del “no pasa nada”, no se puede en este caso dejar pasar porque lo que es evidente, tenga quien tenga la razón, es que existe una perversa relación entre los concesionarios de los medios y el gobierno, que ya se vio una vez más que tiene la sartén por el mango y que también sabe ser omiso cuando le conviene. No puede pasar de largo la discusión y el enfrentamiento. Recapitulemos: un empresario acusó al gobierno de ser mentiroso y además de presionar para que una periodista fuera corrida por hacer una pregunta sobre el supuesto alcoholismo del presidente, haya sido o no pertinente la interrogante.
Si esto no es un asunto de focos rojos en la sociedad estaremos perdiendo de vista un aspecto fundamental de los temas públicos claves. Están en la obligación de aclarar lo que pasó porque muy probablemente esto solo sea parte de las muchas complicidades y presiones en que se establecen las relaciones entre concesionarios y gobiernos. Es un tema de medios, de libertad, de presiones, de competencia y del futuro del gran gran negocio que ya son, desde hace buen tiempo, las nuevas tecnologías.
